El progreso que contamina y mata, no es progreso
Las contra caras del modelo
La reciente publicación de un informe de la cátedra de Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que arroja la escalofriante cifra de que el 51% de lxs vecinxs de un barrio de la localidad cordobesa de Alta Gracia, tendrían afecciones vinculadas a la aplicación de agroquímicos, puso nuevamente en tapete la tensión entre el negocio de los agro negocios y la salud humana. En Argentina se cultivaron en el año 2011 unas 23 millones de hectáreas con semillas transgénicas, trayendo consigo una aplicación inusual de 300 millones de litros por año de agroquímicos que ponen en riesgo la salud de más de 12 millones de personas en la Argentina. A la par del crecimiento del fabuloso negocio, que queda en pocas manos -“pool de siembra”-, la contracara de este modelo es el incremento de las enfermedades y muertes producidas por la aplicación de agroquímicos.
En los últimos años y como reacción al silencioso genocidio, las comunidades han ido organizándose y presentando distintos niveles de resistencia al modelo transgénico. A la fecha, este movimiento tiene como victoria parcial el haber logrado el fallo de culpabilidad en la justicia cordobesa de un productor y un aeroaplicador que violaron las restricciones de pulverización en barrio Ituzaingó.
El negocio
Con un precio de la soja por tonelada de $ 1.880.- y con la perspectiva alcista del precio de los granos de maíz, trigo, girasol, sorgo, la economía argentina parece tener la gallina de los huevos de oro.
Con la incorporación del transgénico en la argentina a mediados de la década de los 90, el campo argentino duplicó su producción de granos. En la actualidad es el tercer exportador a nivel mundial de soja. Este dato queda reflejado en un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario de mayo de 2012 (Productores de soja a nivel mundial (Datos a Set. 2011 USDA): 1º) Estados Unidos: 90 millones de tn, 2º) Brasil: 75 millones de tn, 3º) Argentina: 49 millones de Tn anuales, 4º) China: 18 millones de Tn anuales. Total Mundial: 264 millones de Tn.)
El 96% de este grano cultivado en nuestro país se exporta bajo la forma de poroto, harina o pellets, aceite o biocombustibles. Siendo en este esquema el biocombustible un gran negocio ya que reporta ingresos por u$s 1300.- millones al año.
“El biodiesel puede elaborarse con cualquier tipo de oleaginosa, como la colza, palma, jatropha pero en la Argentina no hay producción a escala que lo haga rentable salvo con soja”, dice en su informe Julio Calzada, director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Según un informe de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina ( AIERA) en el año 2011 de las 25 empresas que más vendieron fuera del país 12 fueron vinculadas a la exportación de granos ( oleaginosas y sus derivados), del resto del segmento 6 están vinculadas a la venta de petróleo y gas, 2 a la comercialización de productos de minería, mientras que solamente 5 están vinculadas con bienes industriales ( 3 de autos, 1 de tubos de acero y 1 de aluminio). Éstas 25 empresas generan más de la mitad de las exportaciones de nuestro país, quedando a las claras la alta concentración del mercado en pocas manos y el gran negocio que significa el modelo transgénico.
Superficies con Organismos Genéticamente Modificados
La superficie total cultivada con transgénicos (Organismos Genéticamente Modificados, OGM) en la Argentina en el período 2011/2012 fue de 23,6 millones de hectáreas, “unas 0,8 millones de hectáreas más que en la campaña anterior (equivale a un aumento de 3,2%). Con el 15% de la superficie global de organismos genéticamente modificados (OGM), Argentina es el tercer país productor de transgénicos, después de Estados Unidos y Brasil”, afirma en su estudio ArgenBio – Minagri.
En 2011/2012 casi el 100% de la superficie de soja fue sembrada con soja tolerante al herbicida glifosato (18.800.000 has.), mientras que el maíz transgénico ocupó el 92% del área destinada a maíz (4.200.000 has.) y el algodón genéticamente modificado ocupó el 100% del área total del cultivo (575.000 has.). De este algodón, el 12% (69.000 has.) correspondió a algodón tolerante a glifosato y el 88% a variedades de algodón con dos características acumuladas (tolerancia a glifosato y resistencia a insectos, 506.000 has.). Con respecto al maíz, en 2011/2012 Argentina sembró maíz con características acumuladas (resistencia a insectos y tolerancia a herbicida) en 2,4 millones de has., o sea el 57% del total. El resto de la superficie de maíz correspondió a maíz resistente a insectos (1,4 millones de has., o sea el 33% del área total de maíz) y tolerante a herbicida (400.000 has., el 10% del total de maíz).
Como se podrá observar con los datos brindados hasta aquí, para garantizar el nivel de productividad de esta modelo es necesaria la aplicación a gran escala de millones de litros de agroquímicos que permitan garantizar el rinde de los cultivos.
Los beneficios obtenidos en el año 2011 en el caso de la soja tolerante a herbicida, el valor bruto de los beneficios obtenidos por la reducción de costos fue de 3.518,66 millones de dólares y por la expansión de la superficie cultivable, de 61.917,15 millones de dólares. En cuanto a la distribución de estos beneficios, 72,4% fueron a los productores, 21,2 al estado nacional – a través de las retenciones y otros impuestos – y el 6,4% restante a los proveedores de las tecnologías (semillas y herbicidas, distribuidos aproximadamente en partes iguales). En el caso del maíz, los beneficios acumulados se distribuyeron en un 68,2% para los productores, 11,4% para el estado nacional y 20,4% para los proveedores de tecnologías (con el grueso, un 19%, para el sector de los semilleros). Finalmente, los beneficios en el caso del algodón fueron mayoritariamente a los productores (un 96%), con un 4 % para los proveedores de las tecnologías (3% a los proveedores de semillas y el resto a los de agroquímicos). Fuente: INTA (SIGMA)
Nota: La estimación de los beneficios mencionados se ha realizado en base a un modelo matemático desarrollado por el INTA (SIGMA), el cual utiliza información obtenida a partir del Estudio del Perfil Tecnológico del Sector Agropecuario Argentino, complementado con información del MAGyP, ArgenBio, INDEC y FAO.
Nuevos sectores disputan el mercado
En nuestro país en el 2010, más del 50 % de la producción de soja estuvo controlada por el 3% del total de productores, a través de extensiones de más de 5.000 hectáreas, según el informe “Producción de soja en las Américas: actualización sobre el uso de tierras y pesticidas” del Centro para la Bioseguridad de Noruega. Este estudio revela cómo en la práctica nos encontramos que ante el aumento de la superficie de producción de transgénicos, la relación con el incremento de productores es inversamente proporcional. A este dato debemos agregar la incorporación o mayor disputa del mercado entre grandes empresas multinacionales que ya tienen en marcha el desarrollo de nuevas plantas de tratamiento y acopiadoras de granos.
El Plan Estratégico Agroalimentario 2020
En base a las perspectivas del negocio, son muchos los sectores monopólicos a nivel mundial que han puesto su vista en la Argentina y pretenden ampliar sus bocas de recolección. En los últimos meses, la empresa Monsanto anunció vía la presidenta Cristina Fernández, la ampliación de sus instalaciones en la región, y la construcción de una de las plantas de acopio de semillas de maíz más grandes del mundo en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.
Por su parte la Ministra de Industria Débora Giorgi anunció que Monsanto “invertirá otros 180 millones de pesos en dos centros experimentales para continuar los procesos de estudio que hacen que la Argentina lidere en América Latina el tema de patentamiento de elementos biogenéticamente modificados”. Con estas declaraciones se comunicaba el avance en la nueva y polémica Ley de semillas.
Pero no es tan solo esta empresa, vinculada a la industria armamentista, la que ya está llevando adelante sus proyectos. La multinacional de origen Suizo SYNGENTA anunció en julio de este año la inversión de $ 800 millones en la provincia de Córdoba, concretamente en Villa María, para la producción de un millón de bolsas anuales de maíz y girasol para exportación.
A este listado de empresas vinculadas a los agro negocios hay que sumar Cargill, Aceitera General Deheza, etc., un puñado de grandes empresas que marchan el ritmo de producción y agenda política en nuestro país, poniendo como valor principal las ganancias del sector sin importar los daños en la salud que estas actividades traen indudablemente.
La salud en cuestión
En los últimos años y a partir de la actitud de denuncia emprendida por las madres de barrio Ituzaingó, distintos sectores de la sociedad continuaron tomando conciencia respecto de los daños que trae para la población y el medio ambiente en general este modo de producción de cultivos.
Nombres como glifosato, endosulfán, DDT, 24D, Clorpirifós, etc. dejaron se ser extraños al vocabulario de denuncia de los pueblos que padecen la aplicación de estos insecticidas-acaricidas órganos-fosforados, y comenzaron a ser centro de la imputación de los causantes de los elevados tasas de cáncer, malformaciones congénitas y muertes de los habitantes de los pueblos fumigados.
Un informe dado a conocer a inicios del 2012, por “Médicos de Pueblos Fumigados”, basado en informes de oficinas del registro civil de distintos pueblos donde la población está expuesta sistemáticamente a fumigaciones, revela que casi el 30% de las muertes se producen por cáncer, mientras que en otras zonas del país ese número no llega al 18%, siendo la primera causa de muerte los problemas cardiovasculares.
Para Medardo Ávila, integrante de “Médicos de Pueblos Fumigados”, este aumento: “es correlativo en el tiempo con el aumento del uso de los agrotóxicos y el factor ecológico actuando en el medioambiente es principalmente la presencia de estos contaminantes”.
En barrio Ituzaingó la estadística de muerte por cáncer es del 33%, registrándose en una población de 4mil personas más de 220 casos de cáncer. Esta cifra supera a la media del país, pero se repite en las zonas donde la fumigación esta presente.
Durante el juicio por fumigación en barrio Ituzaingó, el Dr. Andrés Eduardo Carrasco dejó en claro ante el tribunal que el glifosato: “… no es biodegradable” y agregó “hay estudios que comprueban que se mantienen incluso en las napas de la tierra, el glifosato pasa a la sangre y a las vías respiratorias. Pasa donde quiere y parte de lo que entra nunca sale”.
Siguiendo con su declaración, aseveró que para él las sospechas son suficientes para aplicar el principio precautorio, creando al menos espacios de seguridad. “Es un viejo principio de la deontología médica. Ante la sospecha, uno tiene que prevenir, no puede esperar a la certeza” explicó el médico y más tarde continuó “mi sospecha me llevó a la investigación, es difícil creer que los relatos de vida que uno escuchó no tuvieran un sostén de veracidad. La sospecha me llevó a ver si yo podía explicar con mis sencillas técnicas lo que estaba sucediendo”.
Su declaración fue contundente “El glifosato es un veneno porque mata organismos vivos. No sólo mata plantas sino también células vivas de humanos y animales”.
En una declaración conjunta entre Madres de barrio Ituzaingo y el Colectivo Paren de Fumigar de Córdoba días antes de concluir el juicio por contaminación se dejaba bien en claro la postura acusatoria: “Desde hace más de 10 años ciudadanos del interior del país denuncian que las fumigaciones los enferman; a la par que el agronegocio se expande más y más sobre la base de un modelo de agricultura tóxica con semillas transgénicas, un sistema que consume cantidades crecientes de venenos y que en este ultimo año utilizo 370 millones de l/kg de diversos venenos (68% glifosato). El gobierno nacional y los gobiernos de muchas de las provincias del país, impulsan con entusiasmo este modelo, negando sus efectos tóxicos, a pesar de contar, ante sus propios ojos, con la evidencia de las consecuencias que producen sobre la vida y la salud de su población”.
Otra valiosa declaración durante el juicio fue la del Ingeniero Javier Souza, quién explicó que “Argentina asiste a un modelo productivo de monocultivo. Se sabe que los monocultivos son insustentables”. Afirmó que se están alterando los ciclos biológicos a partir de insumos externos: insecticidas, pesticidas y fertilizantes. A su vez, la dependencia del modelo productivo de estos insumos se agudiza a causa de la pérdida de nutrientes de la tierra, explicó el experto.
El ingeniero Souza es parte del Convenio de Estocolmo, organismo que nuclea a más de 120 países del mundo, en el cual se llega a consensos respecto a cuáles químicos deben ser retirados del mercado por ser perjudiciales para la salud y el ambiente. Explicó que el glifosato está siendo investigado para que se lo declare C.O.P. (Contaminantes Orgánicos Persistentes).
La importancia de todo lo expuesto por científicos, médicos, y profesionales vinculadxs a la salud en el juicio a la fumigación en barrio ituzaingó, hace hoy a un importante registro histórico de esta problemática en el país, ya que es la primera vez que quedan testimoniadas ante un estrado las certezas de la ciencia respecto de las graves consecuencias en la salud del avance del modelo de siembra de organismos genéticamente modificados.
El fallo condenatorio del Tribunal sobre el agricultor Francisco Parra y al piloto aeroaplicador Edgardo Pancello, de tres años de prisión condicional no efectiva por violación de la Ley de Residuos Peligrosos (24.051), dejó un antecedente importante a instancias de un nuevo juicio (causa madre) donde entre otras cosas se buscará determinar la relación causa/efecto entre las fumigaciones y las enfermedades y/o muertes en barrio Ituzaingó.
Para esta causa ya suman nueve los imputados, entre ellos seis ingenieros agrónomos, a los cuales se los acusa por contaminación ambiental dolosa, y los ya condenados en la sentencia del primer juicio de agosto de 2012, el agricultor Francisco Parra, el piloto aeroaplicador Edgardo Pancello y el productor absuelto Jorge Gabrielli.
El modelo en el banquillo de los acusados
Como expresión de la relevancia de la resistencia, lucha y toma de conciencia de la gravedad de las fumigaciones y la presión que ésta genera sobre el sistema político y judicial, hace pocos días se anunció que en febrero de 2013 tendrá inicio un nuevo juicio por contaminación dolosa en Colonia Tirolesa, otra localidad cercana a la capital de Córdoba.
En esta causa se lo acusa a Nestor E. Conci de realizar fumigaciones a un lote sembrado en esta oportunidad con papa, pero generalmente ocupado por soja, en la zona de Colonia Tirolesa, con el producto Engeo de Syngenta; un insecticida a base de thiametoxan y lambdacihatina (neonicotinoide + piretroide) de categoría 2 (moderadamente peligroso para la salud); aplicado con un equipo terrestre de arrastre.
La denuncia data de noviembre del 2008, y la fumigación se realizó al costado este del campo mencionado, a escasos 20 metros del sembradío, donde existe una zona poblada y habitada por familias de la localidad.
Allí se fumigó violando el retiro establecido por la Ley provincial 9164. Se estuvo realizando la aplicación desde la hora 11 de la mañana hasta las 18 hs, con 26,5º de temperatura, hubo mucho viento todo el día y a las 12.45hs se registró un intenso viento del oeste de 65 km/hora; Conci continuó con la fumigación; violaba la distancia a la zona poblada, la temperatura recomendada y el viento que fue muy superior a los 5 km/h aceptables como “buenas prácticas” para cualquier aplicación de agrotóxicos.
Durante estos años y como forma de frenar la peligrosa actividad, en distintas localidades de Córdoba, el pueblo fue buscando y encontrando formas de organización y resistencia. Como expresión de la misma se fue pugnado, con distinta suerte, por la aprobación de ordenanzas que restrinjan la aplicación de agrotóxicos en cercanía de lugares poblados. La ordenanza de Alta Gracia es uno de los mayores logros del movimiento, ya que prohíbe la fumigación a 1500 metros de zona urbana. A la fecha, son 18 las localidades cordobesas que tienen ordenanzas que limitan la pulverización con distintos niveles de restricción.
La resistencia ha echado a andar
Este año se vivieron en Córdoba significativas e históricas movilizaciones en defensa de la soberanía alimentaria, el fin de las fumigaciones y el respeto por la vida. Primero el apoyo de miles de cordobesxs en las calles para exigir justicia para las madres de Barrio Ituzaingó y luego para repudiar la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas y su símil SYNGENTA en Villa María.
Lo que parecía un imposible hace un par de años comenzó a aparecer y a consolidarse: una sociedad que se pronunció masivamente, teniendo en este último trimestre como máxima expresión la resistencia contra Monsanto.
Malvinas Argentinas es una localidad a 15 km del centro de la ciudad de Córdoba, la misma es la típica ciudad dormitorio de familias pobres y trabajadoras, rodeada de campos con distintos cultivos y con una parte de la misma atravesada por la ruta provincial 19. Esta senda es una arteria importante del pulmón transgénico ya que conecta Córdoba con Santa Fe.
Es allí donde Monsanto pretende instalar su planta, y todo el poder político provincial, municipal y nacional hace su juego para garantizar que la semillera monopólica eche sus raíces. Curioso escenario se plantea donde sectores K (gobierno nacional), delasotistas (gobierno provincial) y radicales (gobierno municipal) muestran un nivel de acuerdo y articulación para limpiar el camino y coronar el 2014 con la inauguración de la planta.
Pero el camino esta mellado de conciencia y organización de vecinxs del pueblo que nucleadxs en la “Asamblea Malvinas lucha por la Vida” han generado en tiempo record más de una complicación al armado político aparentemente infalible.
Con el correr de los meses todas las propuestas tendientes a generar una resolución democrática, entiéndase “consulta popular”, fueron rechazadas de plano por el Concejo Deliberante de Malvinas, mediando una represión para quienes protestaban en las afueras de municipio por parte de la policía de Córdoba y grupos que respondían al Intendente Daniel Arzani.
Otras de las vías donde se ha planteado la disputa es en el terreno jurídico donde los recursos de amparo para que no se avanzara con las obras de construcción de la planta fueron desestimados por el fiscal Anticorrupción de Córdoba, Gustavo Hidalgo
La presentación penal planteaba que los acusados (funcionarios provinciales y municipales) incurrieron en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al otorgar pre factibilidad a la radicación y autorizar el inicio de las tareas preliminares a la construcción de la planta antes de que la firma hubiera completado los requisitos que fija la Ley General del Ambiente 25.675.
Pese a los reveses planteados, se continúa exigiendo que se hagan públicos los informes de impacto ambiental que a la fecha y con los plazos vencidos aun no han sido presentados por la Secretaria de Ambiente provincial, la cual autorizó la ejecución de la 1era. etapa de la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas.
Para el conjunto de las asambleas son necesarias políticas públicas que consideren la importancia de resguardar el ambiente, políticas que limiten la codicia desenfrenada de los empresarios y sus socios, ya que consideran que: “son estos empresarios y funcionarios quienes ven en el ambiente:”…un “medio” para reproducir rápida e ilimitadamente el capital, desconociendo los ritmos regenerativos de la naturaleza y generando daños ambientales cuyos costos sufren y pagarán toda la comunidad…”
La resolución N° 595 de la Secretaría de Ambiente provincial abre nuevos interrogantes al respecto de la correcta ejecución de los pedidos emanados de la misma, los cuales se desconocen a la fecha y que solicitan expresamente un plazo de 30 días para presentar “…los estudios de modelos de dispersión atmosférica tendientes a obtener proyecciones de contaminantes en el ambiente”, por ejemplo. Y 45 días para presentar los análisis de agua correspondientes a la capa freática inmediatamente aguas debajo del predio de emplazamiento del proyecto…” Entre otras indicaciones, tampoco se dio a conocer el “Monto de la Inversión y el “cómputo y presupuesto del proyecto”.
Pero es en el escenario de disputa de la opinión pública, donde el monopolio Monsanto ha encontrado un hueso duro de roer, ya que es allí donde el Movimiento se ha presentado con un fuerte consenso en la población.
Esta situación ha generado que Monsanto deba invertir miles de pesos en pautas publicitarias, costosos viajes a periodistas, encargar encuestas telefónicas para conocer más acabadamente su imagen en la ciudadanía, además de impulsar reuniones con equipos de distintas redacciones periodísticas para fijar su “imagen benevolente”.
El progreso que contamina y mata, no es progreso.
Más allá de que la semillera pueda ejecutar su obra, no hay dudas que no será fácil para ningún gobierno, de ahora en más, continuar con sus políticas transgénicas, sin que se encuentre con niveles mayores de resistencia al modelo.
Los puntos de reclamo planteados por las asambleas socio ambientales son el rechazo a las políticas extractivistas y productivistas como la agricultura transgénica y de agrotóxicos, la megaminería y la minería de uranio y subrayan: “repudiamos enérgicamente la instalación de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, como la de Syngenta en Villa María o la de Dow Chemical en el norte cordobés”. Además exigen que se respeten los derechos a la soberanía popular del pueblo de Malvinas Argentinas que reclama por un plebiscito que decida si se acepta o no la instalación de Monsanto en ese lugar. Y demandan un sistema productivo que integre a toda la población, que redistribuya la riqueza que se genere, y que preserve la capacidad regenerativa del ambiente para que siga siendo fructífero para todo el pueblo que habita la provincia ahora y en el futuro.
Fuentes:
En los últimos años y como reacción al silencioso genocidio, las comunidades han ido organizándose y presentando distintos niveles de resistencia al modelo transgénico. A la fecha, este movimiento tiene como victoria parcial el haber logrado el fallo de culpabilidad en la justicia cordobesa de un productor y un aeroaplicador que violaron las restricciones de pulverización en barrio Ituzaingó.
El negocio
Con un precio de la soja por tonelada de $ 1.880.- y con la perspectiva alcista del precio de los granos de maíz, trigo, girasol, sorgo, la economía argentina parece tener la gallina de los huevos de oro.
Con la incorporación del transgénico en la argentina a mediados de la década de los 90, el campo argentino duplicó su producción de granos. En la actualidad es el tercer exportador a nivel mundial de soja. Este dato queda reflejado en un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario de mayo de 2012 (Productores de soja a nivel mundial (Datos a Set. 2011 USDA): 1º) Estados Unidos: 90 millones de tn, 2º) Brasil: 75 millones de tn, 3º) Argentina: 49 millones de Tn anuales, 4º) China: 18 millones de Tn anuales. Total Mundial: 264 millones de Tn.)El 96% de este grano cultivado en nuestro país se exporta bajo la forma de poroto, harina o pellets, aceite o biocombustibles. Siendo en este esquema el biocombustible un gran negocio ya que reporta ingresos por u$s 1300.- millones al año.
“El biodiesel puede elaborarse con cualquier tipo de oleaginosa, como la colza, palma, jatropha pero en la Argentina no hay producción a escala que lo haga rentable salvo con soja”, dice en su informe Julio Calzada, director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Según un informe de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina ( AIERA) en el año 2011 de las 25 empresas que más vendieron fuera del país 12 fueron vinculadas a la exportación de granos ( oleaginosas y sus derivados), del resto del segmento 6 están vinculadas a la venta de petróleo y gas, 2 a la comercialización de productos de minería, mientras que solamente 5 están vinculadas con bienes industriales ( 3 de autos, 1 de tubos de acero y 1 de aluminio). Éstas 25 empresas generan más de la mitad de las exportaciones de nuestro país, quedando a las claras la alta concentración del mercado en pocas manos y el gran negocio que significa el modelo transgénico.
Superficies con Organismos Genéticamente Modificados
La superficie total cultivada con transgénicos (Organismos Genéticamente Modificados, OGM) en la Argentina en el período 2011/2012 fue de 23,6 millones de hectáreas, “unas 0,8 millones de hectáreas más que en la campaña anterior (equivale a un aumento de 3,2%). Con el 15% de la superficie global de organismos genéticamente modificados (OGM), Argentina es el tercer país productor de transgénicos, después de Estados Unidos y Brasil”, afirma en su estudio ArgenBio – Minagri.
En 2011/2012 casi el 100% de la superficie de soja fue sembrada con soja tolerante al herbicida glifosato (18.800.000 has.), mientras que el maíz transgénico ocupó el 92% del área destinada a maíz (4.200.000 has.) y el algodón genéticamente modificado ocupó el 100% del área total del cultivo (575.000 has.). De este algodón, el 12% (69.000 has.) correspondió a algodón tolerante a glifosato y el 88% a variedades de algodón con dos características acumuladas (tolerancia a glifosato y resistencia a insectos, 506.000 has.). Con respecto al maíz, en 2011/2012 Argentina sembró maíz con características acumuladas (resistencia a insectos y tolerancia a herbicida) en 2,4 millones de has., o sea el 57% del total. El resto de la superficie de maíz correspondió a maíz resistente a insectos (1,4 millones de has., o sea el 33% del área total de maíz) y tolerante a herbicida (400.000 has., el 10% del total de maíz).Como se podrá observar con los datos brindados hasta aquí, para garantizar el nivel de productividad de esta modelo es necesaria la aplicación a gran escala de millones de litros de agroquímicos que permitan garantizar el rinde de los cultivos.
Los beneficios obtenidos en el año 2011 en el caso de la soja tolerante a herbicida, el valor bruto de los beneficios obtenidos por la reducción de costos fue de 3.518,66 millones de dólares y por la expansión de la superficie cultivable, de 61.917,15 millones de dólares. En cuanto a la distribución de estos beneficios, 72,4% fueron a los productores, 21,2 al estado nacional – a través de las retenciones y otros impuestos – y el 6,4% restante a los proveedores de las tecnologías (semillas y herbicidas, distribuidos aproximadamente en partes iguales). En el caso del maíz, los beneficios acumulados se distribuyeron en un 68,2% para los productores, 11,4% para el estado nacional y 20,4% para los proveedores de tecnologías (con el grueso, un 19%, para el sector de los semilleros). Finalmente, los beneficios en el caso del algodón fueron mayoritariamente a los productores (un 96%), con un 4 % para los proveedores de las tecnologías (3% a los proveedores de semillas y el resto a los de agroquímicos). Fuente: INTA (SIGMA)
Nota: La estimación de los beneficios mencionados se ha realizado en base a un modelo matemático desarrollado por el INTA (SIGMA), el cual utiliza información obtenida a partir del Estudio del Perfil Tecnológico del Sector Agropecuario Argentino, complementado con información del MAGyP, ArgenBio, INDEC y FAO.
Nuevos sectores disputan el mercado
En nuestro país en el 2010, más del 50 % de la producción de soja estuvo controlada por el 3% del total de productores, a través de extensiones de más de 5.000 hectáreas, según el informe “Producción de soja en las Américas: actualización sobre el uso de tierras y pesticidas” del Centro para la Bioseguridad de Noruega. Este estudio revela cómo en la práctica nos encontramos que ante el aumento de la superficie de producción de transgénicos, la relación con el incremento de productores es inversamente proporcional. A este dato debemos agregar la incorporación o mayor disputa del mercado entre grandes empresas multinacionales que ya tienen en marcha el desarrollo de nuevas plantas de tratamiento y acopiadoras de granos.
El Plan Estratégico Agroalimentario 2020
En base a las perspectivas del negocio, son muchos los sectores monopólicos a nivel mundial que han puesto su vista en la Argentina y pretenden ampliar sus bocas de recolección. En los últimos meses, la empresa Monsanto anunció vía la presidenta Cristina Fernández, la ampliación de sus instalaciones en la región, y la construcción de una de las plantas de acopio de semillas de maíz más grandes del mundo en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.
Por su parte la Ministra de Industria Débora Giorgi anunció que Monsanto “invertirá otros 180 millones de pesos en dos centros experimentales para continuar los procesos de estudio que hacen que la Argentina lidere en América Latina el tema de patentamiento de elementos biogenéticamente modificados”. Con estas declaraciones se comunicaba el avance en la nueva y polémica Ley de semillas.
Pero no es tan solo esta empresa, vinculada a la industria armamentista, la que ya está llevando adelante sus proyectos. La multinacional de origen Suizo SYNGENTA anunció en julio de este año la inversión de $ 800 millones en la provincia de Córdoba, concretamente en Villa María, para la producción de un millón de bolsas anuales de maíz y girasol para exportación.
A este listado de empresas vinculadas a los agro negocios hay que sumar Cargill, Aceitera General Deheza, etc., un puñado de grandes empresas que marchan el ritmo de producción y agenda política en nuestro país, poniendo como valor principal las ganancias del sector sin importar los daños en la salud que estas actividades traen indudablemente.
La salud en cuestión
En los últimos años y a partir de la actitud de denuncia emprendida por las madres de barrio Ituzaingó, distintos sectores de la sociedad continuaron tomando conciencia respecto de los daños que trae para la población y el medio ambiente en general este modo de producción de cultivos.
Nombres como glifosato, endosulfán, DDT, 24D, Clorpirifós, etc. dejaron se ser extraños al vocabulario de denuncia de los pueblos que padecen la aplicación de estos insecticidas-acaricidas órganos-fosforados, y comenzaron a ser centro de la imputación de los causantes de los elevados tasas de cáncer, malformaciones congénitas y muertes de los habitantes de los pueblos fumigados.
Un informe dado a conocer a inicios del 2012, por “Médicos de Pueblos Fumigados”, basado en informes de oficinas del registro civil de distintos pueblos donde la población está expuesta sistemáticamente a fumigaciones, revela que casi el 30% de las muertes se producen por cáncer, mientras que en otras zonas del país ese número no llega al 18%, siendo la primera causa de muerte los problemas cardiovasculares.
Para Medardo Ávila, integrante de “Médicos de Pueblos Fumigados”, este aumento: “es correlativo en el tiempo con el aumento del uso de los agrotóxicos y el factor ecológico actuando en el medioambiente es principalmente la presencia de estos contaminantes”.
En barrio Ituzaingó la estadística de muerte por cáncer es del 33%, registrándose en una población de 4mil personas más de 220 casos de cáncer. Esta cifra supera a la media del país, pero se repite en las zonas donde la fumigación esta presente.
Durante el juicio por fumigación en barrio Ituzaingó, el Dr. Andrés Eduardo Carrasco dejó en claro ante el tribunal que el glifosato: “… no es biodegradable” y agregó “hay estudios que comprueban que se mantienen incluso en las napas de la tierra, el glifosato pasa a la sangre y a las vías respiratorias. Pasa donde quiere y parte de lo que entra nunca sale”.
Siguiendo con su declaración, aseveró que para él las sospechas son suficientes para aplicar el principio precautorio, creando al menos espacios de seguridad. “Es un viejo principio de la deontología médica. Ante la sospecha, uno tiene que prevenir, no puede esperar a la certeza” explicó el médico y más tarde continuó “mi sospecha me llevó a la investigación, es difícil creer que los relatos de vida que uno escuchó no tuvieran un sostén de veracidad. La sospecha me llevó a ver si yo podía explicar con mis sencillas técnicas lo que estaba sucediendo”.
Su declaración fue contundente “El glifosato es un veneno porque mata organismos vivos. No sólo mata plantas sino también células vivas de humanos y animales”.
En una declaración conjunta entre Madres de barrio Ituzaingo y el Colectivo Paren de Fumigar de Córdoba días antes de concluir el juicio por contaminación se dejaba bien en claro la postura acusatoria: “Desde hace más de 10 años ciudadanos del interior del país denuncian que las fumigaciones los enferman; a la par que el agronegocio se expande más y más sobre la base de un modelo de agricultura tóxica con semillas transgénicas, un sistema que consume cantidades crecientes de venenos y que en este ultimo año utilizo 370 millones de l/kg de diversos venenos (68% glifosato). El gobierno nacional y los gobiernos de muchas de las provincias del país, impulsan con entusiasmo este modelo, negando sus efectos tóxicos, a pesar de contar, ante sus propios ojos, con la evidencia de las consecuencias que producen sobre la vida y la salud de su población”.
Otra valiosa declaración durante el juicio fue la del Ingeniero Javier Souza, quién explicó que “Argentina asiste a un modelo productivo de monocultivo. Se sabe que los monocultivos son insustentables”. Afirmó que se están alterando los ciclos biológicos a partir de insumos externos: insecticidas, pesticidas y fertilizantes. A su vez, la dependencia del modelo productivo de estos insumos se agudiza a causa de la pérdida de nutrientes de la tierra, explicó el experto.
El ingeniero Souza es parte del Convenio de Estocolmo, organismo que nuclea a más de 120 países del mundo, en el cual se llega a consensos respecto a cuáles químicos deben ser retirados del mercado por ser perjudiciales para la salud y el ambiente. Explicó que el glifosato está siendo investigado para que se lo declare C.O.P. (Contaminantes Orgánicos Persistentes).
La importancia de todo lo expuesto por científicos, médicos, y profesionales vinculadxs a la salud en el juicio a la fumigación en barrio ituzaingó, hace hoy a un importante registro histórico de esta problemática en el país, ya que es la primera vez que quedan testimoniadas ante un estrado las certezas de la ciencia respecto de las graves consecuencias en la salud del avance del modelo de siembra de organismos genéticamente modificados.
El fallo condenatorio del Tribunal sobre el agricultor Francisco Parra y al piloto aeroaplicador Edgardo Pancello, de tres años de prisión condicional no efectiva por violación de la Ley de Residuos Peligrosos (24.051), dejó un antecedente importante a instancias de un nuevo juicio (causa madre) donde entre otras cosas se buscará determinar la relación causa/efecto entre las fumigaciones y las enfermedades y/o muertes en barrio Ituzaingó.
Para esta causa ya suman nueve los imputados, entre ellos seis ingenieros agrónomos, a los cuales se los acusa por contaminación ambiental dolosa, y los ya condenados en la sentencia del primer juicio de agosto de 2012, el agricultor Francisco Parra, el piloto aeroaplicador Edgardo Pancello y el productor absuelto Jorge Gabrielli.
El modelo en el banquillo de los acusados
Como expresión de la relevancia de la resistencia, lucha y toma de conciencia de la gravedad de las fumigaciones y la presión que ésta genera sobre el sistema político y judicial, hace pocos días se anunció que en febrero de 2013 tendrá inicio un nuevo juicio por contaminación dolosa en Colonia Tirolesa, otra localidad cercana a la capital de Córdoba.
En esta causa se lo acusa a Nestor E. Conci de realizar fumigaciones a un lote sembrado en esta oportunidad con papa, pero generalmente ocupado por soja, en la zona de Colonia Tirolesa, con el producto Engeo de Syngenta; un insecticida a base de thiametoxan y lambdacihatina (neonicotinoide + piretroide) de categoría 2 (moderadamente peligroso para la salud); aplicado con un equipo terrestre de arrastre.
La denuncia data de noviembre del 2008, y la fumigación se realizó al costado este del campo mencionado, a escasos 20 metros del sembradío, donde existe una zona poblada y habitada por familias de la localidad.
Allí se fumigó violando el retiro establecido por la Ley provincial 9164. Se estuvo realizando la aplicación desde la hora 11 de la mañana hasta las 18 hs, con 26,5º de temperatura, hubo mucho viento todo el día y a las 12.45hs se registró un intenso viento del oeste de 65 km/hora; Conci continuó con la fumigación; violaba la distancia a la zona poblada, la temperatura recomendada y el viento que fue muy superior a los 5 km/h aceptables como “buenas prácticas” para cualquier aplicación de agrotóxicos.
Durante estos años y como forma de frenar la peligrosa actividad, en distintas localidades de Córdoba, el pueblo fue buscando y encontrando formas de organización y resistencia. Como expresión de la misma se fue pugnado, con distinta suerte, por la aprobación de ordenanzas que restrinjan la aplicación de agrotóxicos en cercanía de lugares poblados. La ordenanza de Alta Gracia es uno de los mayores logros del movimiento, ya que prohíbe la fumigación a 1500 metros de zona urbana. A la fecha, son 18 las localidades cordobesas que tienen ordenanzas que limitan la pulverización con distintos niveles de restricción.
La resistencia ha echado a andar
Este año se vivieron en Córdoba significativas e históricas movilizaciones en defensa de la soberanía alimentaria, el fin de las fumigaciones y el respeto por la vida. Primero el apoyo de miles de cordobesxs en las calles para exigir justicia para las madres de Barrio Ituzaingó y luego para repudiar la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas y su símil SYNGENTA en Villa María.
Lo que parecía un imposible hace un par de años comenzó a aparecer y a consolidarse: una sociedad que se pronunció masivamente, teniendo en este último trimestre como máxima expresión la resistencia contra Monsanto.
Malvinas Argentinas es una localidad a 15 km del centro de la ciudad de Córdoba, la misma es la típica ciudad dormitorio de familias pobres y trabajadoras, rodeada de campos con distintos cultivos y con una parte de la misma atravesada por la ruta provincial 19. Esta senda es una arteria importante del pulmón transgénico ya que conecta Córdoba con Santa Fe.
Es allí donde Monsanto pretende instalar su planta, y todo el poder político provincial, municipal y nacional hace su juego para garantizar que la semillera monopólica eche sus raíces. Curioso escenario se plantea donde sectores K (gobierno nacional), delasotistas (gobierno provincial) y radicales (gobierno municipal) muestran un nivel de acuerdo y articulación para limpiar el camino y coronar el 2014 con la inauguración de la planta.
Pero el camino esta mellado de conciencia y organización de vecinxs del pueblo que nucleadxs en la “Asamblea Malvinas lucha por la Vida” han generado en tiempo record más de una complicación al armado político aparentemente infalible.
Con el correr de los meses todas las propuestas tendientes a generar una resolución democrática, entiéndase “consulta popular”, fueron rechazadas de plano por el Concejo Deliberante de Malvinas, mediando una represión para quienes protestaban en las afueras de municipio por parte de la policía de Córdoba y grupos que respondían al Intendente Daniel Arzani.
Otras de las vías donde se ha planteado la disputa es en el terreno jurídico donde los recursos de amparo para que no se avanzara con las obras de construcción de la planta fueron desestimados por el fiscal Anticorrupción de Córdoba, Gustavo Hidalgo
La presentación penal planteaba que los acusados (funcionarios provinciales y municipales) incurrieron en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al otorgar pre factibilidad a la radicación y autorizar el inicio de las tareas preliminares a la construcción de la planta antes de que la firma hubiera completado los requisitos que fija la Ley General del Ambiente 25.675.
Pese a los reveses planteados, se continúa exigiendo que se hagan públicos los informes de impacto ambiental que a la fecha y con los plazos vencidos aun no han sido presentados por la Secretaria de Ambiente provincial, la cual autorizó la ejecución de la 1era. etapa de la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas.
Para el conjunto de las asambleas son necesarias políticas públicas que consideren la importancia de resguardar el ambiente, políticas que limiten la codicia desenfrenada de los empresarios y sus socios, ya que consideran que: “son estos empresarios y funcionarios quienes ven en el ambiente:”…un “medio” para reproducir rápida e ilimitadamente el capital, desconociendo los ritmos regenerativos de la naturaleza y generando daños ambientales cuyos costos sufren y pagarán toda la comunidad…”
La resolución N° 595 de la Secretaría de Ambiente provincial abre nuevos interrogantes al respecto de la correcta ejecución de los pedidos emanados de la misma, los cuales se desconocen a la fecha y que solicitan expresamente un plazo de 30 días para presentar “…los estudios de modelos de dispersión atmosférica tendientes a obtener proyecciones de contaminantes en el ambiente”, por ejemplo. Y 45 días para presentar los análisis de agua correspondientes a la capa freática inmediatamente aguas debajo del predio de emplazamiento del proyecto…” Entre otras indicaciones, tampoco se dio a conocer el “Monto de la Inversión y el “cómputo y presupuesto del proyecto”.
Pero es en el escenario de disputa de la opinión pública, donde el monopolio Monsanto ha encontrado un hueso duro de roer, ya que es allí donde el Movimiento se ha presentado con un fuerte consenso en la población.
Esta situación ha generado que Monsanto deba invertir miles de pesos en pautas publicitarias, costosos viajes a periodistas, encargar encuestas telefónicas para conocer más acabadamente su imagen en la ciudadanía, además de impulsar reuniones con equipos de distintas redacciones periodísticas para fijar su “imagen benevolente”.
El progreso que contamina y mata, no es progreso.
Más allá de que la semillera pueda ejecutar su obra, no hay dudas que no será fácil para ningún gobierno, de ahora en más, continuar con sus políticas transgénicas, sin que se encuentre con niveles mayores de resistencia al modelo.
Los puntos de reclamo planteados por las asambleas socio ambientales son el rechazo a las políticas extractivistas y productivistas como la agricultura transgénica y de agrotóxicos, la megaminería y la minería de uranio y subrayan: “repudiamos enérgicamente la instalación de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, como la de Syngenta en Villa María o la de Dow Chemical en el norte cordobés”. Además exigen que se respeten los derechos a la soberanía popular del pueblo de Malvinas Argentinas que reclama por un plebiscito que decida si se acepta o no la instalación de Monsanto en ese lugar. Y demandan un sistema productivo que integre a toda la población, que redistribuya la riqueza que se genere, y que preserve la capacidad regenerativa del ambiente para que siga siendo fructífero para todo el pueblo que habita la provincia ahora y en el futuro.
Fuentes:
- www.juicioalafumigación.com.ar
- www.ecoscordoba.com.ar
- www.zumbalaturba.com.ar
- http://argentina.indymedia.
org/features/cordoba/
